LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA ESPAÑOLA

José Agustín González-Ares Fernández

Sumario: I. Introducción.- II. El tardofranquismo.- III. De la muerte de Franco a la legalización de los partidos políticos.- IV. Pluralismo político y elecciones democráticas.

I. Introducción

Los partidos políticos han desempeñado en la transición política un papel importante en la estructura democrática de España. No debe olvidarse que partíamos de una situación en que la clandestinidad había impuesto gravísimas limitaciones a la actividad de los pocos partidos de oposición y, por otra parte, la derecha no había podido estructurar una opción alternativa a la que, desde los propios fundamentos del régimen franquista, se le otorgaba por la vía del Movimiento.

Por ello, la Constitución de 1978 definió un régimen parlamentario en el que se potenció el papel de los partidos, para cohesionar la vida política y establecer cauces estables de participación a todos los ciudadanos.

Sentado lo anterior, vamos, con brevedad, a contemplar los precedentes históricos para pasar a analizar el destacado papel que en el cambio democrático de nuestro país jugaron los partidos políticos.

II.- El tardofranquismo

El 17 de julio de 1969 Franco designaba sucesor, a título de Rey, al Príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón. El tiempo transcurrido desde esta fecha y el 20 de noviembre de 1975 en que tiene lugar la muerte de Franco, denominado por los historiadores “tardofranquismo”, constituye la fase final, en cierto sentido degenerativa, de un régimen estrechamente vinculado con la persona del Jefe del Estado. El actor esencial de este período fue, sin lugar a dudas, la decadencia física de Franco. La enfermedad de Parkinson que padecía debilitó la otrora voluntad férrea del dictador y le hacía especialmente vulnerable a quien ya octogenario estaba en la senectud. En vez de tomar la iniciativa, solió estar dominado por los acontecimientos; por vez primera su familia influyó de modo decisivo en algunas de sus decisiones políticas y, en fin, testimonió una voluntad débil y titubeante. Si nunca antes su esposa, su yerno, el marqués de Villaverde, algunos de sus médicos y compañeros de armas, habían desempeñado algún papel político importante, ahora las cosas empezaban a cambiar. Franco siempre había sido esencial para el franquismo por su capacidad de arbitraje ante las diversas facciones de las fuerzas que formaban su régimen. Ahora, ante su decadencia, eso era imposible. La primera característica de este período consistió en la división de la clase política del régimen. Tiempo atrás, por ejemplo, la contienda acerca del asociacionismo político hubiera sido impensable porque la oposición a él del propio Franco lo hubiese impedido. El aperturismo que, en grado mayor o menor, practicaron todos los sectores del franquismo no era otra cosa que una conciencia de que existía una divergencia grande y creciente entre la sociedad española y sus instituciones políticas. El ocaso físico del Caudillo mostraba muy a las claras que su sistema ya no servía y se abrían las expectativas imprescindibles para sustituirlo a su muerte. Era –se-

guía siendo- una dictadura, pero le caracterizaba su extrema debilidad.

El asesinato del almirante Carrero Blanco por un comando de ETA militar, el 20 de diciembre de 1973, supuso el principio del fin del régimen. Matando a Carrero, acabaron con el “otro yo” de Franco, el hombre en el que éste pensaba cuando decía que “todo estaba atado y bien atado”. La muerte de quien había mantenido una probada fidelidad a Franco desde el momento en que entró a trabajar con él en la década de los cuarenta y había sido, además, influyente en alguna de sus decisiones más importantes, aceleró la descomposición del régimen y dejó en entredicho las previsiones sucesorias hechas por el propio Franco. Como bien sostiene Areilza, el asesinato del Presidente del Gobierno aceleró al menos en un lustro el cambio democrático, porque el programa de Carrero –como él reconocía en su discurso ante las Cortes el 23 de julio- “se puede resumir en una sola palabra: continuar”. Y tras su muerte, el continuismo era ya imposible, entre otras cosas porque la voluntad de cambio de la sociedad española así lo exigía. Con la voladura del coche del delfín de Franco se produjo también la voladura del sistema. El Príncipe no iba a seguir el camino que su antecesor le había escrupulosamente trazado.

La muerte de Carrero dejaba lista la sucesión para la presidencia del Gobierno, que interinamente asumió Torcuto Fernández Miranda. Para sorpresa de todos, el Ministro de la Gobernación, Carlos Arias Navarro, el hombre del que dependía la seguridad del almirante Carrero, había sido el elegido para sucederle en la presidencia del Gabinete. Su vinculación con los medios familiares del anciano Jefe del Estado, y en especial de Carmen Polo, le habían aupado a tan alto cargo. Los que, desde dentro del régimen, confiaban aún en la supervivencia del sistema, creyeron por un tiempo que con el nuevo Presidente se abría una puerta a la esperanza. Pero fue una vana ilusión que apenas superó la fecha del 12 de febrero de 1974. Ese día, Arias en el Pleno de las Cortes expuso un ambicioso programa de gobierno en el que se prometían numerosas reformas legales, incluida la del asociacionismo político. El llamado “espíritu del 12 de febrero” fue acogido dentro y fuera de España muy favorablemente. Sin renunciar a nada del pasado, se afirmaba que de la adhesión había que pasar a la participación. Esta promesa de Arias le otorgó un voto de confianza y dio la sensación de hacer posible la reforma del régimen desde su propio seno.

Sin embargo, apenas dos semanas después Arias había perdido casi todo su crédito. Una homilía del obispo de Bilbao, monseñor Añoveros, hecha pública el 24 de febrero, en la que se refería al “problema vasco”, desataba una de las más graves crisis de todos los tiempos entre el Estado y la Iglesia. A su vez, la ejecución del anarquista Puig Antich, acusado de haber dado muerte a un policía, y al que ni las peticiones de Pablo VI ni de buena parte de la comunidad internacional lograron nada, acabó por disipar la confianza en Arias y en su Gobierno. Pero si por un lado Arias decepcionó a los reformistas, por otro resultó también insatisfactorio para la extrema derecha, que a partir de entonces empezó a manifestarse. En junio de 1974, el Presidente del Gobierno, en pleno repliegue de las decisiones que había adoptado anteriormente, declaró que el Movimiento Nacional y el pueblo español eran una misma cosa. Unas semanas después

una grave enfermedad obligó a Franco a dejar la Jefatura del Estado durante unos meses, en los que la ejerció, muy a su pesar, el Príncipe de España.

Tres acontecimientos contribuyeron a ensombrecer el panorama político. En primer lugar, el aumento de los precios del petróleo en el mes de octubre de 1973 que se tradujo en una crisis económica que, de hecho, vino a solaparse con la transición de un régimen a otro. Además se produjo un nuevo aislamiento del régimen con la ejecución el mes de septiembre de 1975 de cinco terroristas después de juicios con escasas garantías judiciales; el hecho de que se ejecutaran las sentencias de pena capital demostraba el endurecimiento del sistema. Finalmente, la cuestión del Sahara. Marruecos, aprovechando la enfermedad de Franco, amenazó con una marcha hacia las posiciones españolas. Los dirigentes del régimen no encontraron mejor fórmula para evitar la acumulación de problemas que pactar con los marroquíes. De esta manera se firmó el Tratado de Madrid en el que se entregaba el destino de la antigua colonia española a Marruecos y Mauritania, al mismo tiempo que se creaba un problema permanente en esta zona geográfica.

A mediados de octubre del año 1975 comenzó la larga agonía del general Franco. España vivió en la expectación a lo largo de cinco interminables semanas en las que se fue haciendo inevitable el desenlace. El dictador fallecía el 20 de noviembre y con éste lo hacía un régimen que duró casi cuatro décadas y que, como explicaremos más adelante, se deshizo en poco menos de doce meses. Ese día comenzaba la transición política en España. La fórmula continuista “después de Franco, las instituciones” indicaba que la legitimidad carismática del Caudillo, en términos weberianos, era por naturaleza intransferible, al estar basada en un sentimiento irracional y fanático.

III. De la muerte de Franco a la legalización de los partidos políticos

Las instituciones del régimen funcionaron con normalidad y el sucesor a título de Rey, don Juan Carlos de Borbón, fue proclamado el 22 de noviembre ante las Cortes. Sin embargo, la situación no se presentaba en absoluto confortable para el joven Monarca, al que el líder comunista Santiago Carrillo apodara “Juan Carlos el Breve”. El Rey era, al mismo tiempo una incógnita, y el depositario de grandes expectativas. En aquellos momentos, afirma Tusell, “era atacado por la izquierda e ignorado por el centro, mientras que la derecha quería manipularlo, pero estaba destinado a jugar un papel crucial en la transición en paz a la democracia”. Hoy no podemos ignorar el papel decisivo que le correspondió a la Monarquía en el proceso de transición a la democracia en nuestro país. A la vez que era heredera de una situación autoritaria –y como tal las instituciones vigentes no podían volverse contra ella-, ella misma resultaba, como escribió Areilza, el “motor del cambio”. Esta ambivalencia de la institución monárquica le permitió cumplir con una función decisiva en todo el proceso de transición. No obstante, nada de esto podía haberse hecho si no hubiera ido acompañado de determinadas virtudes y capacidades del propio don Juan Carlos. El que fuera durante mucho tiempo “el gran manipulado”, en palabras de Bardavío, muy pronto hizo patente que sus rasgos personales eran los más apropiados para la misión que le tocaba desempeñar: equilibrio y prudencia, control de sí mismo y frialdad en el juicio, pero no en el trato, sencillez y claridad.

Con todo, no faltaron las dificultades desde el principio de la transición. La primera de ellas pudo ya comprobarse en un plazo muy corto de tiempo cuando el Rey intentó que fuera nombrado Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino Fernández Miranda, antiguo preceptor suyo y hombre que gozaba de su total confianza. Pese a la oposición de los sectores más acérrimamente leales al recuerdo del pasado, don Juan Carlos consiguió su propósito. No quiso el Rey arriesgar más, como quizás hubiera sido su deseo, y situarle al frente del gobierno y, por precaución, confirmó a Arias para dirigir el primer gabinete de la Monarquía. Probablemente por la decisión del Jefe del Estado figuraron en el nuevo Consejo de Ministros reconocidos reformadores como Fraga, Areilza o Garrigues. Junto a estas figuras había otras de escasísimo peso político como era el caso de una prácticamente desconocido Adolfo Suárez.

Arias, sin embargo, no pareció haber sido demasiado consciente de las circunstancias que explicaban el porqué de su mantenimiento en la Presidencia del Gobierno. Los seis meses que ostentó este cargo no fueron sino un período de desorientación y falta de rumbo político. Desde muy pronto el gabinete se dividió entre los partidarios de realizar unas reformas y quienes deseaban, sobre todo, mantener el recuerdo del pasado. La falta de liderazgo del jefe del Ejecutivo fue asumido por Manuel Fraga, ex ministro de Información y Turismo y autor de una destacada Ley de Prensa (1966), que ocupaba una de las tres vicepresidencias del actual gobierno y también tenía a su cargo la cartera de Gobernación, que trató de convertirse, en expresión de Tusell, en la reedición de Cánovas del Castillo. El continuismo reformista de Fraga, de todos modos, era un planteamiento inviable para la oposición antifranquista, porque su objetivo era lograr una democracia limitada. Así las cosas, el Gobierno Arias se vio frecuentemente desbordado por los acontecimientos, mientras que su Presidente paralizaba las intentonas reformistas sin proponer a cambio un programa alternativo. Y así ya en el mes de enero del año 1976 se produjo la primera decepción profunda causada por el Gobierno en lo que respecta a la posibilidad de una transición a la democracia. Su discurso ante las Cortes consistió apenas en una cuantas concesiones verbales inconcretas. Si en un principio habló de la posibilidad de un número de partidos políticos que habría en España, luego abominaba del término y siempre acababa indefectiblemente por demostrar su anclaje en el pasado. En estas condiciones el proyecto de reforma se redujo en la práctica a nada. Las Cortes franquistas fueron prorrogadas; se derogó el decreto antiterrorista en muchos de sus apartados más duros y se dictó una nueva Ley de Reunión y Manifestación que llegaría a ser aprobada por la cámara sin excesivas dificultades. Sin embargo esas dificultades aumentaron en el momento mismo en que se empezó a tratar el tema del asociacionismo.

Un fulgurante Adolfo Suárez, en los primeros días del mes de junio, defendió en las Cortes, mediante el procedimiento de urgencia, el esperado proyecto de ley de las asociaciones políticas. Las novedades más destacadas del mismo era que el control de las asociaciones se desplazaba del Movimiento al Ministerio de la Gobernación y, por otro lado, se ampliaban notablemente los requisitos para constituir asociaciones. Pese a ello, la negativa por las mismas Cortes a modificar el Código Penal, impidió la legalización de los partidos políticos, tal como preveía la nueva ley. No se trataba de la lucha por el poder político, sino que se decidía el futuro democrático de nuestra Patria. El pulso entre la España franquista y continuista y la España del cambio era evidente. La España franquista estaba todavía bien representada en altas instancias y organismos: Movimiento Nacional, Cortes, Ministerios, Ejército, Iglesia, Sindicatos, etc. La España nueva se revolvía y ansiaba un cambio democrático.

En los primeros días del mes de junio de 1976 el Rey realiza su primera visita de Estado a los EEUU. Allí provoca el aplauso general y entusiasta en un discurso ante senadores y congresistas en el que nada de lo que dice tiene que ver con lo que defiende Arias en Madrid. Don Juan Carlos, cada vez menos satisfecho con su Jefe de Gobierno, le llama el 1 de julio para “invitarle” a que deje su puesto, dimisión que consuma ese mismo día. Arias nunca había sintonizado ni con el impulso regio ni con el anhelo general de una transición sin traumas. Pese a que se esperaba, en general, que se formase un gobierno encabezado por Areilza, don Juan Carlos nombró a Adolfo Suárez para el cargo de Presidente del Consejo de Ministros. En este nombramiento tuvo un papel importantísimo Fernández Miranda. El Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino cumplió dos grandes tareas en la transición: la primera, colocar a Suárez en la terna de la que el Monarca había de elegir al sucesor de Arias; y, segunda, sacar adelante la Ley de Reforma Política. El 3 de junio, los consejeros del Reino presentaron al Jefe del Estado la siguiente terna: Silva Muñoz (15 votos), López Bravo (13 votos) y Adolfo Suárez (12 votos). Fernández Miranda, camino del Palacio de la Zarzuela, dijo a los periodistas: “Estoy en condiciones de ofrecer al Rey lo que el Rey me ha pedido”. Contra todo pronóstico y ante el asombro de muchos personajes del antiguo régimen, salió elegido Suárez. Los antecedentes políticos del nuevo Presidente, que le vinculaban muy estrechamente con la Falange, incidió para que su gabinete fuera acogido con reservas. En cambio, muy pronto mostró su voluntad de reforma política a través de una serie de gestos y medidas, la primera de las cuales fue la concesión de la anhelada amnistía a los presos políticos. El 19 de julio las Cortes aprobaron la Ley de reforma del Código Penal, que afectaba muy estrechamente a los derechos de reunión, manifestación y asociación. Días después, Suárez iniciaba el diálogo con representantes de la oposición, cenando con el Secretario General del PSOE, Felipe González. El 4 de septiembre se entrevistó con el Presidente del Partido Socialista Popular, el profesor Tierno Galván. Los acontecimientos se suceden rápidamente. Suárez, cuya frase “elevar a la categoría de normal lo que a nivel de calle es completamente normal” corre de boca en boca, marca el ritmo adecuado y medido de lo que va a ser la transición a partir de ahora. Como recomendaba Maquiavelo, Suárez supo como nadie “mantener siempre en suspenso y asombrados los ánimos de sus súbditos”. En términos generales el Gobierno se caracterizó por dos rasgos que también serán propios de su Presidente: la juventud y la moderación. Tan sólo uno de sus miembros, el almirante Pita da Veiga, había sido ministro con Franco, y la media de edad era de 44 años.

Siguiendo los planteamientos de Fernández Miranda –en “ir de la ley a la ley”-, se procedió a la redacción de una ley de reforma política en la que colaboraron el propio Fernández Miranda, Osorio y Landelino Lavilla, manteniendo un cierto contacto con la oposición respecto de su contenido. Sin duda, un rasgo esencial para comprender esta ley es su carácter instrumental. La flexibilidad era tal que, según Cavero, venía a ser una ley de transacción para la transición. Así, en el preámbulo de dicho texto se declaraba que “la democracia, resultado del esfuerzo y trabajo de todo el pueblo español, no puede ser improvisada”. A continuación hace un llamamiento al respeto de la Ley a la voluntad mayoritaria del pueblo para reformar las leyes y afirma que “las modificaciones que se contienen en esta Ley se ciñen estrictamente a los mínimos pero necesarios aspectos exigidos por un auténtico proceso democrático, al respeto a la legalidad y a la sumisión a la voluntad final de los españoles que ha de constituir su último y permanente fundamento”. Tras tensas y agotadoras jornadas de debate, el día 18 de noviembre se aprobó en las Cortes el proyecto de ley para la Reforma Política con el siguiente resultado: 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. Con esta votación comenzaba el desmantelamiento de la legislación política de cuatro décadas. Muy pronto caería, una tras otra, la mayoría de las leyes que vertebraban el sistema político-social del franquismo. Desde el punto de vista jurídico, la LRP, definida por Lucas Verdú como la “octava Ley Fundamental”, significó un punto de inflexión en la transición en lo que tuvo de autorruptura desde dentro del régimen. El régimen –dirá García San Miguel- , sin romper formalmente con su propia legalidad y sin perder el control del proceso en ningún momento se transformó en una democracia.

Las fuerzas de la oposición, que habían concedido poca credibilidad a la voluntad democratizadora del Gobierno, trató de frenar la reforma en dos ocasiones: la primera, antes del referéndum de la LRP, mediante la convocatoria por parte de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales de una jornada de paros, el 12 de noviembre, que fue un relativo fracaso político; y la segunda, en el referéndum, no oponiéndose frontalmente, pero sí haciendo una llamada a la abstención. En la consulta prevista, celebrada el 15 de diciembre, ganó el “sí” del Gobierno (94,1 por 100), poniendo de manifiesto que la sociedad no deseaba un proceso de ruptura como el propugnado por la oposición. La discusión, a partir de este momento, ya no será autoritarismo-democracia sino qué grado de transformación política se alcanzaría.

Entre enero y junio de 1977 el Gobierno procedió mediante 38 decretos-leyes (es decir, sin el concurso de las Cortes orgánicas) a desmantelar las instituciones franquistas (Movimiento Nacional y Tribunales de Orden Público). Por otro lado, se creó la Audiencia Nacional; se concedieron medidas de gracia; se reorganizó el derecho de huelga; la restauración de las Juntas Generales de Guipúzcoa y Vizcaya, y la publicación de la Ley Electoral. En esta fase la reforma peligró por efecto del terrorismo de distinto signo: el de extrema derecha, el de extrema izquierda y el radical vasco. Durante el período 1975-1980 ETA fue responsable de aproximadamente el 70 por 100 de los actos terroristas. A su vez, la acción del GRAPO, un grupo surgido del PCE (m-l), fue sorprendentemente espectacular. Los secuestros de Antonio María Oriol, Presidente del Consejo de Estado, cuando todavía no se había aprobado por referéndum la LRP, y del general Villaescusa, Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, unas semanas después, conmocionaron al país. Un momento especialmente dramático fue el asesinato por la extrema derecha de cinco abogados laboralistas del PCE el 24 de enero de 1977, en Madrid. Aquel suceso, no obstante, sirvió para poner de manifiesto la actuación responsable de los comunistas, y contribuyó a que más tarde fuera posible su legalización.

Antes de los comicios del 15 de junio de 1977 se produjo un hecho destacado: la renuncia de don Juan de Borbón a sus derechos dinásticos a favor de su hijo, el Rey Juan Carlos. Significativamente, pocas semanas después dimitió Fernández Miranda, entre otros motivos, al interpretar que la renuncia del Conde de Barcelona dejaba sin sentido todo lo realizado hasta el momento, al dar carta de naturaleza a una legitimidad ajena al ordenamiento político del régimen franquista.

Ahora bien, lo esencial de la LRP era la configuración del marco institucional para realizar elecciones democráticas. Con todo, pese a su importancia, la normativa electoral no fue negociada con la oposición, pero el Gobierno respondió a las exigencias mínimas para que fuera aceptada por la izquierda: en efecto, el Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, no favorecía ninguna ideología concreta, sino que primaba a los partidos mayoritarios, aunque creaba mecanismos de representación que daban ventajas a las candidaturas del Gobierno. Este Decreto confería un criterio de representación proporcional para el Congreso y, para moderarlo, otro mayoritario para el Senado.

Si los reformadores procedieron a romper con las instituciones del régimen anterior dando paso a una nueva legalidad, lo que necesitaban para legitimar y dar credibilidad al proceso era incluir en él a la oposición. En realidad, como ha señalado el profesor Sánchez Agesta, los partidos de oposición al negarse a reconocer el decreto regulador del asociacionismo político de Arias Navarro, habían venido funcionando en la práctica como asociaciones de hecho con una amplia tolerancia por parte de los poderes públicos. Ahora la línea de diálogo y acercamiento a la oposición emprendida por Suárez se acrecentó, Y así, entre el 5 y el 8 de diciembre de 1976, con autorización gubernativa, el PSOE celebraba en la capital de España su XXVII Congreso. A este acto acudieron los principales líderes del socialismo europeo, como, Willy Brand, François Mitterrand, Olof Palme, Mario Soares, Michael Foot, Pietro Nenni y otros representantes de más de diez países. El 23 de diciembre de dio el primer paso para las negociaciones entre el Gobierno y la oposición: Tierno Galván y Pujol se entrevistaron con Suárez. Estas negociaciones actuaron como mecanismos de legitimación mutua, el Presidente del Gobierno obtuvo así cierta credibilidad democrática y sus interlocutores el ansiado reconocimiento que deseaban.

Con anterioridad, el 23 de octubre de 1976, Coordinación Democrática, la Asamblea de Cataluña y otros partidos regionales habían creado una débil Plataforma de Organización Democrática (POD). Suárez, después del referéndum de la LRP, que reforzó su liderazgo, recibió a una representación de la misma para iniciar una ronda de conversaciones que debía aclarar los principios mínimos para celebrar elecciones. Durante esta fase, que se prolongó hasta junio de 1977, los reformistas lograron que los representantes de la POD, denominada la Comisión de los Nueve, reconocieran la Monarquía, la bandera nacional y la unidad de España, y no exigieran responsabilidades políticas. A cambio, el Ejecutivo aceptó la inelegibilidad de sus miembros en las elecciones (salvo el Presidente), la legalización de los partidos políticos y la elaboración de una normativa electoral que resultó aceptable por la oposición. En febrero de 1977 dio comienzo el proceso de legalización de los partidos políticos, a los que la ortodoxia del franquismo calificaba de “instrumentos perversos”. El escollo mayor lo representaba el PCE. Para el búnker y el ejército, la legalización del comunismo significaba echar por la borda aquello por lo que habían combatido desde 1936. Sin embargo, Suárez, de acuerdo con la oposición, era consciente de que la democracia carecería de credibilidad sin la presencia en las urnas de los comunistas. En realidad, el PCE llevaba en una situación de tolerancia real desde diciembre de 1976. Su Secretario General, Santiago Carrillo, había regresado del exilio en febrero de ese año, permaneciendo oculto pero iniciando consultas tanto con el Presidente del Gobierno, en casa del abogado José María Armero, como con la oposición.

Aunque el Tribunal Supremo declinó pronunciarse respecto a la validez de los estatutos presentados por los comunistas en el Ministerio de la Gobernación, Suárez, en una decisión personal (los ministros no estaban en absoluto informados), legalizó el PCE el 9 de abril, un sábado santo en que, por las vacaciones, la capacidad de reacción de la clase política y periodista era menor. Fue, sin duda, la decisión mas arriesgada de toda la transición política. Al legalizar el Partido Comunista, Suárez, dio el paso más importante para la convivencia pacífica, que superaba las discrepancias de la guerra civil. Fraga, ya lanzado por el camino de la atracción del voto más conservador, juzgó lo sucedido como un verdadero golpe de Estado. Tal actitud, al menos desafortunada, sería rectificada con el transcurso del tiempo. En medios militares se produjo, asimismo, un evidente revuelo y la reacción tampoco se hizo esperar. El Ministro de Marina, almirante Pita da Veiga, presentó su dimisión. Más grave, si cabe, fue la nota del Consejo Superior del Ejército, en la que manifestaba su repulsa a lo que calificaba como un hecho consumado. Pocas horas antes de legalizar el PCE, el Gobierno había decidido la desaparición del Movimiento, cuyo Ministro se convirtió en Secretario del Ejecutivo.

IV. Pluralismo político y elecciones democráticas

La convocatoria de elecciones que acuerda el Gabinete Suárez, según la LRP, para el 15 de junio de 1977 suponía el cumplimiento del compromiso contraído de reintegrar al pueblo su soberanía y para reanudar el tracto constitucional roto en julio de 1936. Por eso, los seis primeros meses de 1977 se caracterizarán por la conformación de las formaciones políticas con vistas al proceso electoral. Los partidos legalizados antes de la convocatoria electoral eran más de 200, muchos de los cuales estaban formados por escaso número de militantes. La actividad de los líderes políticos para buscar alianzas homogéneas, o al menos rentables, fue intensa. Los bloques electorales más importantes fueron los de Alianza Popular (compuesto por siete partidos o asociaciones políticas), Alianza Socialista Democrática, Unidad Socialista (integrada por el PSP y diversos grupos socialistas), Unión de Centro Democrático (UCD) y Equipo de la Democracia Cristiana. El PSOE y el PCE se presentaron en solitario a los comicios. Junto a estas formaciones había que incluir las fuerzas regionalistas o nacionalistas, los grupos de extrema derecha y algunos que estaban a la izquierda del PCE.

La derecha, liderada por Fraga, se articuló a través de Alianza Popular, una especie de federación de partidos que no eran sino proyectos de antiguos ministros del franquismo (Fernández de la Mora, Silva Muñoz, Martínez Esteruelas, Thomas de Carranza, López Rodó, Licinio de la Fuente, etc.). El propio Arias Navarro sería incorporado a la candidatura de Madrid. García San Miguel ha destacado tres notas comunes a todos ellos: a) el haber ocupado puestos políticos importantes en el régimen anterior; b) su enorme popularidad; y c) el que, con las excepciones de Fraga y Silva Muñoz, ninguno de ellos se había mostrado aperturista. En definitiva, AP, que se caracterizará por el respeto y el recuerdo a la figura del general Franco, se presentaba como un partido conservador, defensor de una economía social de mercado, de un gobierno fuerte y de unos principios de moral católica. La extrema derecha estaba integrada por Fuerza Nueva de Blas Piñar y Falange Española de las JONS. Estos dos partidos que no obtendrán representación parlamentaria en los comicios del 15 de junio, recomendarán votar a AP en aquellas provincias en que no presentan candidatura.

Los primeros antedecentes de lo que luego sería UCD cabe encontrarlos en el grupo Tácito, que, durante muchos años, publicaron en el desaparecido diario “Ya” una columna política semanal de muy amplia difusión. Los tácitos fueron el germen del Partido Popular, que nace en noviembre de 1976, liderado por José María de Areilza y Pío Cabanillas, ambos ex altos funcionarios del régimen franquista y en este momento ministros del gabinete de Suárez. El Congreso del Partido, celebrado en febrero de 1977, tuvo una envergadura semejante al que poco antes había tenido el del PSOE, y en él se anunció la constitución de lo que comenzaría llamándose Centro Democrático. El problema político que entonces se planteó fue la relación entre el partido y la coalición con el Gobierno. El Centro Democrático debía tener la presencia de Suárez si quería atraer a un electorado que se identificaba con él y que coincidía con las aspiraciones que representaba. Ni el Partido Popular ni el Centro Democrático demostraron tener la imaginación suficiente como para lograr la autonomía política respecto del Gobierno y ello les hizo gravitar inevitablemente hacia la dependencia del mismo. En el mes de marzo se produjo la defenestración de Areilza, como paso previo al “desembarco” de Suárez como líder indiscutible de la coalición. Más tarde, con Calvo Sotelo en la coalición, ésta adoptaría la denominación definitiva precedida del término Unión. En su declaración constitutiva la UCD declaró surgir para “apoyar en las próximas Cortes la política del Presidente Suárez en la consolidación de una democracia estable en España”.

La UCD fue un partido archipiélago cuya acta constitutiva estaba firmada nada menos que por 15 partidos, diez de carácter estatal y cinco regionales. Ninguno de esos partidos tenía una continuidad histórica con la Segunda República; ni siquiera con los años cincuenta o comienzos de los sesenta. Un 46 por 100 de los candidatos se agrupaba bajo la denominación de independientes, que encubría en buena parte a colaboradores moderados del franquismo; del resto, un 17 por 100 procedía del Partido Popular y un 12 por 100 de los demócrata cristianos. De todos modos, el porcentaje de los diputados de la coalición que habían sido procuradores en las Cortes orgánicas era sólo del 17,5 por 100, mientras que 13 de los 16 diputados de AP habían sido ministros en el régimen anterior. La UCD nunca formuló una ideología en el sentido propio del término, es decir como un conjunto coherente y sistemático de ideas que sirva de inspiración y cauce al programa y a la acción del partido. Ante la opinión pública se presentó como una alianza de fuerzas alejadas tanto del continuismo franquista como del marxismo. A tal efecto, propugnaba la organización propia de un Estado Social de Derecho en el que se trate de conciliar libertad y “Estado fuerte” bajo la vigencia de los valores políticos occidentales. UCD explicitará la defensa de la economía de mercado, los derechos sociales y la reforma fiscal, concebida como instrumento vital para el saneamiento económico.

Hubo, sin embargo, algunos grupos políticos de significación centrista que no llegaron a colaborar con la coalición presidida por Suárez. De ellos, el único que alcanzó una cierta significación electoral fue la Democracia Cristiana. Esta formación experimentará uno de los más sonados y espectaculares fracasos de las elecciones de 1977. Lo cierto es que la Federación de la Democracia Cristiana tan sólo consiguió dos escaños en Cataluña (Unió, Centre i Democracia Cristiana Catalunya). Con una ideolgía demócrata-cristiana de signo avanzado, esta formación parecía, a priori, tener un gran futuro en un país en el que la Iglesia Católica ejercía una gran influencia social, dado el carácter mayoritariamente católico de los españoles. Pero la España de 1977 era muy distinta de la Italia de 1945. La Iglesia, que en ningún momento quiso adoptar una actitud beligerante a favor de ninguna formación, no ayudó a la implantación de esa fuerza política. Sin duda, fueron los errores en la dirección el elemento fundamental de tan rotundo fracaso electoral. Su programa era en exceso izquierdista para su potencial electorado y, por si fuera poco, las diferentes formaciones no llegaron a vertebrarse en una fórmula política mínimamente coherente y unitaria.

El principal beneficiario del voto progresista de izquierdas fue, sin duda, el PSOE. Su programa acusaba los planteamientos radicales de su XXVII Congreso: republicanismo, autodeterminación, autogestionario e intervencionista. Aunque su lenguaje tardaría bastante en moderarse, su actuación práctica fue más flexible y hábil que dogmática e ideologizada en exceso. Su divisa electoral “Socialismo es libertad” caló muy hondo en quienes querían un tránsito firme y decidido hacia un sistema democrático. Joven, pero con el bagaje de toda la historia del PSOE, Felipe González representaba a una España abierta y plural, que nada tenía que ver con el régimen anterior. La dirección del partido tuvo como objetivo primordial en estos primeros meses del año 1977 el aglutinar tras de sí a la totalidad de los socialistas españoles. Ello explica, por ejemplo, que el PSOE se retirara de los organismos de la oposición en el mes de febrero, cuando el Gobierno legalizó el PSOE histórico, en otro tiempo, dirigido por Llopis. Aunque no logró incorporar la totalidad de las fuerzas socialistas, sí atrajo a su seno a grupos de procedencia católica (Convergencia Socialista) y a otros de carácter regional (en especial, el socialismo catalán). Fuera quedó el PSP de Tierno Galván que, si por un lado defendía planteamientos mucho más radicales, por otro, acorde con la imagen de su fundador, presentaba cierta semejanza con un centro-izquierda azañista e intelectual. Próximas las elecciones se uniría por medio de coaliciones electorales a diversas formaciones socialistas de ámbito regional para comparecer en los comicios del 15 de junio bajo la denominación de “Unidad Socialista-PSP”.

Por su parte, el PCE, que había sido identificado durante la dictadura con la oposición, había conseguido de hecho el movimiento sindical y, sobre todo, una fuerte penetración en los medios periodísticos, universitarios, intelectuales y profesionales. A diferencia del PSOE, el Partido Comunista no había renovado su ejecutiva en los años del exilio, encabezada por la mítica Dolores Ibárruri, “Pasionaria”, en la Presidencia y Santiago Carrillo en la Secretaría General. Éste en su obra “Eurocumunismo y Estado” insistirá en la sinceridad democrática de los comunistas, definiendo el eurocomunismo como un verdadero socialismo democrático, situado entre la socialdemocracia y el comunismo burocrático y autoritario. Pese a ello, en la campaña electoral, a Carrillo le faltó el gancho necesario para conectar con los jóvenes y con el nuevo electorado potencial. A la izquierda del PCE se situó un mosaico de fuerzas (PTE, ORT, LCR, MC) que intentó absorver el voto de quienes rechazaban el sentido de moderación del que hacían gala los comunistas y el sindicato CCOO. Las fuerzas de extrema izquierda no obtendrán representación parlamentaria alguna.

Como había sucedido en la Segunda República y respondía a las obvias características de una sociedad plural como la española, surgieron en las regiones periféricas españolas diversas agrupaciones políticas nacionalistas. En Cataluña, el catalanismo de carácter centrista estuvo representado por Jordi Pujol y su Pacte Démocratic per Catalunya (PDC). A esta fuerza hay que sumar los demócratacristianos de Unió Democrática de Catalunya (UDC), liderado por Antón Canyelles, y cuyo origen se remonta a los años de la República. En esa época había sido hegemónica en Cataluña la Esquerra Republicana que ahora, liderada por Heribert Barrera, mantuvo una menor implantación. A la izquierda se encontraban el Partit del Socialistes Unificat de Catalunya (PSUC), de orientación comunista y que se asociará para los comicios de 1977 al PCE, y el Partit Socialista de Catalunya (PSC) de Joan Raventós que lo hará con el PSOE. Estas formaciones políticas y otras de menor representatividad electoral estaban reunidas desde 1971 en la Assemblea de Catalunya y la exigencia de todas ellas era el reconocimiento por parte de la nueva Monarquía de la Generalitat abolida por Franco en 1939 y mantenida en vida en el exilio por Josep Tarradellas. En cambio, en el País Vasco el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que dominaba el gobierno en el exilio desde el que había mantenido una sólida resistencia frente al franquismo y un apoyo social indudable, consiguió mantener prácticamente la misma implantación que en los tiempos republicanos. Ante las elecciones del 15 de junio, una parte de ETA-pm abandonó la lucha armada y entró a formar parte de Euskadiko Ezkerra (EE), que obtiene un escaño, mientras que el resto de la organización quedó como brazo armado del partido. El PNV, como el PDC en Cataluña, vuelve a recoger el voto nacionalista moderado.

El 15 de junio de 1977, según lo previsto, se celebraron las primeras elecciones generales en España desde febrero de 1936. Como ha puesto de relieve Alzaga, nunca en la atormentada historia electoral de nuestro país se había reunido tal cúmulo de garantías para velar por la autenticidad de unos comicios. Bien es verdad que durante el franquismo se celebraron elecciones, pero el sistema de votación y presentación de listas era radicalmente distinto: lo que debería ser un acto libre y voluntario de elección se convertía en un acto de refrendo de la voluntad del Caudillo. Marginado el sufragio universal y prohibidos los partidos políticos, la Cámara iba a reflejar, acorde con las ideas totalitarias del sistema, la representación orgánica, cuyos núcleos naturales eran la familia, el municipio y el sindicato. En ella tomaban asiento además representantes de los colegios profesionales, los miembros del Gobierno, los consejeros nacionales del Movimiento, los presidentes de los altos órganos del Estado, rectores de universidad y aquellas personas que por su jerarquía eclesiástica, militar o administrativa o por sus relevantes servicios a la Patria designase el Jefe del Estado, hasta un número no superior a 25.

A pesar del registro de más de 200 grupos políticos en el Ministerio del Interior, la “sopa de letras”, como se llamara entonces, el interés de la contienda, a la que se presentaron 589 listas para 52 circunscripciones electorales y un total de 5343 candidaturas al Congreso, residió en conocer la distribución de escaños entre las formaciones políticas con más posibilidades. A la postre sólo serían 12 las que lograron representación en dicha Cámara. La campaña electoral, que se desarrolló en términos pacíficos y tranquilos, sirvió para acercar los deseos de la ciudadanía a los partidos políticos. Con todo, la politización de los españoles no se llevó a cabo de una manera brusca y maximalista como en la República. Ahora, los españoles, mayoritariamente moderados e interesados en la resolución de los problemas domésticos (el paro, por ejemplo), no deseaban volver la vista al pasado: en las encuestas que se hicieron por estas fechas, uno de cada tres españoles se declaró manifiestamente desinteresado del enfrentamiento entre franquismo y antifranquismo. A lo largo de la interminable campaña electoral quien demostró mayor sensación de dinamismo y capacidad técnica y organizativa fue el PSOE y, en consecuencia, sus expectativas de voto casi se triplicaron desde el 10 por 100 originario que los sondeos le atribuían. En cambio, la campaña de UCD fue prácticamente inexistente. Pero hubo otras campañas si cabe más erradas. La Democracia Cristiana, por el sólo hecho de disponer de esta sigla, supuestamente prometedora desde el punto de vista electoral, creyó esperar unos resultados excelentes; más que a conquistar votos –apostilla Tusell- se dedicó a repartir supuestas legitimidades democráticas y a hacer actos de contricción. También se equivocó AP, que obtuvo grandes llenos en sus mítines, pero que dio la sensación de creer que España, de nuevo en frase de Tusell, estaba compuesta exclusivamente por el tipo de gente que acudía a ellos. Básicamente, como sostiene De Blas Guerrero, la oferta programática realizada a los electores con motivo de los comicios de 1977 se caracterizó por una notable falta de especifidad y por un alto grado de indeterminación en cuanto a la acción de gobierno propugnada; en segundo lugar, ante la ausencia de hábitos electorales generalizados, la pauta orientativa básica en el comportamiento electoral fueron razones ideológicas, evidenciándose un significativo desinterés por las opciones políticas concretas.

El 15 de junio fue un hito histórico en la reciente historia de nuestra Patria. Significó, en frase de Marías, la devolución de España a los españoles. Ese día más de dieciocho millones de electores, en un ambiente de fiesta democrática, se acercaron a las urnas para emitir su voto (el 78, 83 por 100 del censo electoral). UCD, con unos resultados por debajo de sus expectativas, obtuvo el 34,61 por 100 (6.337.288) de los votos emitidos y 165 diputados, lo que le convertía en la mayor minoría parlamentaria, aunque lejos de la mayoría absoluta. El PSOE obtuvo el 29 por 100 (5.371.866) votos y un total de 118 diputados, lo que le situó claramente como segundo grupo político nacional. Muy alejados de las dos primeras fuerzas políticas, el PCE consiguió 20 escaños y AP 16; fue para ellos mismos y para la opinión pública una sorpresa lo reducido de la votación obtenida y aún resultó una sorpresa mayor el hecho de que los comunistas fueran por delante de AP. El pésimo resultado de esta coalición reflejaba el fracaso del continuismo franquista. El PSP tuvo una pequeña minoría de tan sólo 6 diputados y la DC no alcanzó otra representación que un reducido número de senadores logrados, además, en colaboración con fuerzas de izquierda. En cambio, los partidos nacionalistas lograron una veintena de escaños en el Congreso (8 del PNV y 13 catalanes, en dos coaliciones distintas). Gracias al sistema mayoritario en las elecciones senatoriales, la diferencia entre UCD y el PSOE fue mayor en la Cámara Alta, 106 escaños frente a 35, pero, aún así, no alcanzaban la mayoría absoluta.

En su conjunto, la izquierda superaba a la derecha en los grandes centros urbanos, mientras que los nacionalismos aparecían ya como fuerza emergente en las nacionalidades históricas. También existió una correlación entre el voto comunista y las zonas obreras e industriales; y entre quienes habían votado no en el referéndum y las clases medias y altas y el voto de AP. Por lo que se refiere a los factores socioeconómicos, se observa que el voto de UCD está en relación con el peso de la clase media urbana (0,67), con la población activa en la agricultura, y con la población activa en la industria (-0,71). Por regiones, el apoyo electoral a esta formación fue extraordinariamente alto en Galicia, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Canarias y Baleares; sin embargo, fue muy baja en Cataluña (apenas el 15 por 100 en Barcelona) y el País Vasco (el 16 por 100 en Vizcaya). El voto PSOE estuvo en función, fundamentalmente, del nivel de proletarización (0,59) y de la población en paro (0,57) y de forma negativa con la población activa en la agricultura (-0,42).

Los resultados electorales del 15- J consolidaron el modelo de partidos en España. Sistema de partidos que no puede ser calificado de bipartidista en el estricto sentido del término (UCD y PSOE consiguieron el 86 por 100 de los escaños en el Congreso, pero no llegaban al 63 por ciento de los votos populares). Estaríamos, según la definición de Sartori, ante un sistema de partidos que a partir de 1977 se ajustaría al esquema de pluralismo moderado. Este sistema imponía, en definitiva, un gobierno monocolor minoritario y, por ende, débil, abocado a una necesaria concurrencia de criterios con otros grupos políticos. Esta actitud de transacción y consenso resultó enormemente positiva teniendo en cuenta las circunstancias, es decir ante la inminencia de la elaboración de una Constitución de todos y para todos.

(1) Conferencia pronunciada en las I XORNADAS SOCIEDADE E DEREITO sobre “A transición española á democracia (1975-1977)”, celebradas en Ourense, del 2 al 11 de abril de 2001, cuya dirección estuvo a su cargo.